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Bienvenidos al Boletín de Abril 2025 I JEP Imputa crímenes de guerra y lesa humanidad a 28 militares retirados en la costa caribe…

20252025Share

JEP imputa crímenes de guerra y lesa humanidad a 28 militares retirados en Costa Caribe

La JEP imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 28 miembros retirados del Ejército Nacional por la ejecución de al menos 604 personas presentadas falsamente como bajas en combate entre 2002 y 2008 en la región de la Costa Caribe colombiana.

Entre los imputados se encuentran tres mayores generales y dos brigadieres generales. La Sala de Reconocimiento de
Verdad determinó que estos militares adoptaron una política sistemática de “conteo de cuerpos”, incentivando la ejecución de civiles para inflar las estadísticas de bajas y obtener beneficios como ascensos y permisos. La imputación se basa en
una muestra representativa de 796 muertes reportadas por 19 unidades militares, de las cuales 604 fueron identificadas como ilegales. Además, se documentaron 13 casos adicionales fuera del período priorizado. Los imputados tienen 30 días hábiles para aceptar o rechazar los cargos; en caso de rechazo, podrían enfrentar hasta 20 años de prisión en la justicia ordinaria.

JEP acredita como víctimas a 11 exmilitares afectados

La JEP acreditó como víctimas a 11 antiguos miembros del Ejército Nacional que resultaron heridos por minas antipersonal
entre 1997 y 2014 en los municipios de Dabeiba, Turbo y Apartadó (Antioquia). Esta decisión se enmarca dentro del Caso 04,
que investiga la situación territorial de Urabá. Los militares presentaron su relato de los hechos y documentación, lo que permitió confirmar que sufrieron lesiones permanentes, amputaciones y traumas severos. Además, varios de ellos solicitaron que sus familiares también fueran reconocidos como víctimas indirectas, elevando a 23 el total de personas acreditadas. La JEP subrayó que el uso de minas antipersonal está prohibido por el Derecho Internacional Humanitario debido a su impacto indiscriminado y al sufrimiento que causan. La decisión, que también involucra un llamado a la solidaridad con las víctimas, incluye órdenes para la Fiscalía y la JEP para avanzar en la georreferenciación y el análisis de estos hechos en el contexto de la violencia en Urabá.

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